Estudio recomienda hacer pleno uso del sólido marco legal existente y fortalecer a INDECOPI con más recursos
Es necesario construir sobre el éxito logrado con programas como el FINCyT, con más fondos y una mayor colaboración en Innovación&Desarrollo (I&D)
Lima, Perú.- En reciente estudio, la Unidad de Inteligencia de The Economist realizó una evaluación del entorno en materia de Propiedad Intelectual (PI) en 6 economías de la región de América Latina: entre ellos Perú. En él se afirma que, a pesar de que el marco de protección de la Propiedad Intelectual en el Perú es más fuerte que en algunos de sus pares de la región, la aplicación del mismo es aún deficiente. Es por ello que el país permanece en la lista de vigilancia de Estados Unidos para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual. Además, la investigación otorga recomendaciones con respecto a los problemas señalados para la mejora de la protección de la PI.
El informe auspiciado por Microsoft: «La Propiedad Intelectual en Perú y su impacto en el crecimiento y desarrollo del país», fue presentado en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y contó con la participación de Raúl Solórzano, Director de la Maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú; de Irene Mía, Directora Regional de The Economist para Latinoamérica, y de Luis Alonso García Muñoz-Nájar, socio del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie.
El estudio señala además que el marco jurídico del Perú para los derechos de Propiedad Intelectual en general está en consonancia con las normas internacionales. Una serie de acuerdos comerciales han impulsado mejoras en el marco jurídico nacional para la protección de PI, así como la adhesión de Perú a los acuerdos internacionales de Propiedad Intelectual, incluido el Tratado de Cooperación de Patentes y el Tratado de Derecho de Marcas. Según el estudio, los acuerdos comerciales actualmente en negociaciones prometen mantener o reforzar la protección de la Propiedad Intelectual en el Perú, pero el Gobierno aún debe trabajar para aplicar plenamente los acuerdos anteriores.
Debido a este acuerdo comercial con los EEUU se requiere que el Perú siga reduciendo el uso de software sin licencia dentro del Gobierno, pues como se menciona la plena aplicación se ha retrasado en varias ocasiones. En 2011, INDECOPI informó una reducción de 30 puntos porcentuales en el uso del Gobierno de software sin licencia después de la implementación de un sistema de gestión de activos de software, pero a partir de abril de 2014, el USTR (United States Trade Representative) aún estaba instando a Perú para cumplir con sus obligaciones.
Los datos de la Oficina del Perú para el Gobierno Electrónico (ONGEI) muestran que en 2010 unas 240 oficinas gubernamentales no habían reservado un presupuesto en su plan anual para el pago de licencias de software.
De igual forma, la investigación afirma que la Oficina de Propiedad Intelectual, INDECOPI, carece de recursos para aumentar las investigaciones de oficio y los usuarios no están conformes con el sistema, pues ven retrasos en la aplicación de los patentes.
El estudio señala también que los jueces y fiscales enfrentan distintas complicaciones en cuanto a emitir sentencias disuasorias a los infractores y a realizar redadas donde la infracción se produce. La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual y el Representante Comercial de Estados Unidos han instado al Poder Judicial y a INDECOPI a emitir sanciones disuasorias para evitar infracciones futuras. En vista de ello, el informe recomienda hacer pleno uso del sólido marco legal existente y fortalecer a INDECOPI con más recursos y personal para aumentar el cumplimiento y reducir los retrasos del sistema. Dicho aumento de personal cualificado podría mejorar los incentivos para la innovación, ofreciendo una mayor protección a los usuarios.