- Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas (#Adeb) sostiene que se trata de una “exigencia” que desborda el marco de la Ley General de Salud.
Enterese.net.- Algunas municipalidades del país vienen exigiendo de manera aleatoria la obtención y renovación periódica de carnés de sanidad a las personas que atienden al público en locales comerciales formales, este recurso edil se convierte en una extraña presión administrativa que de no ser cumplida genera multas a las empresas y hasta el cierre de sus locales comerciales.
Según, Jorge Lazarte, presidente de la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas, exigir carnés de sanidad es ilegal porque contraviene el artículo 13° de la Ley General de Salud, que establece que “Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné sanitario, carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio o afines.”
Para la organización, la exigencia no garantiza que las personas gocen de buena salud al momento de la atención al público; sino que se limita simplemente a descartar ciertas enfermedades, tras la realización de exámenes médicos invasivos.
Para obtener y renovar los carnés de sanidad, toda persona debe trasladarse cada seis o doce meses a las dependencias municipales en los distritos donde laboran, y someterse a exámenes de sangre que además de generar pérdidas de tiempo y dinero, atentan contra la privacidad constitucional de los trabajadores.
Es importante señalar que el gasto estimado en tiempo y dinero que debe invertir cada persona en la realización de este trámite es de S/ 70 soles en promedio – incluyendo tasas, movilidad y horas perdidas.
Exigir carnés de sanidad es una barrera burocrática que ha sido calificada como ilegal por parte del INDECOPI y confirmada por el Poder Judicial en múltiples oportunidades, dado que genera sobrecostos innecesarios y atenta contra la competitividad del país.
Exhortamos a los órganos de control interno, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público; a tomar las acciones necesarias para garantizar que las autoridades municipales cumplan y respeten la ley y los derechos de los trabajadores peruanos.