Según el último informe presentado por la BSA (The Business Software Alliance) el 65% de software es ilegal en el Perú y el delito no solo es cometido de manera individual sino también corporativa. Muchas pequeñas, medianas y hasta grandes empresas trabajan en el día a día con versiones “piratas”.
Justamente teniendo en cuenta esta estadística es que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha intensificado sus inspecciones en el sector empresarial, para dar con aquellos empresarios que no han declarado el inventario detallado del software instalado en sus equipos, cometiendo así diversas infracciones.
Adicional a que es un tema penado, es la seguridad de la información de las empresas y de sus clientes lo que está en riesgo, seguramente la mayoría de los consumidores no conocen los riesgos de usar y trabajar con un software ilegal como por ejemplo que 1 de 4 de estos productos están infectados por virus, y que su información puede estar en poder de un tercero y siendo ejecutado para fines ilícitos; Las desventajas no sólo afectan al equipo o la información, sino también en el gasto mensual de los servicios, pues una PC portátil con software ilegal consume 20% más energía eléctrica.
Ser legal en materia de software presenta innumerables ventajas. Un equipo con software original incrementa la productividad en la empresa ya que el desempeño del sistema operativo es 100% más veloz que el 67% de los software “pirata”. Además que el arranque al prender una PC con software original es 56% más veloz que un equipo sin licencia. Y el despliega de las páginas web es 46% más rápido que la mayoría de equipos “piratas”. Además se tiene los beneficios de soporte técnico, documentación y manuales de uso, acceso a actualizaciones, seguridad, cero consecuencias de índole legal y mejorar su reputación empresarial.
Cabe resaltar que la Ley de Derechos de Autor, Decreto Legislativo 822, sanciona el uso ilegal de software con multas de hasta 180 UIT (S/. 693 000), sin perjuicio del pago de los derechos devengados por el tiempo en que se ha incurrido en la práctica. El Código Penal castiga a quien incurre en este delito con pena privativa de la libertad de hasta ocho años.